Este potencial no es meramente teórico. Proyecciones oficiales y privadas indican que las exportaciones argentinas de cobre podrían alcanzar los 10.000 millones de dólares anuales hacia el final de la década, comenzando a generar ingresos significativos desde 2027, cuando se espera que entren en producción los primeros proyectos de la nueva ola. A modo de comparación, ese nivel de exportaciones equivaldría a casi el 20% de lo que hoy exporta todo el complejo sojero argentino.

En este tablero, Chile sigue siendo el líder indiscutido, con una producción anual cercana a los 5,3 millones de toneladas, lo que representa el 28% del total mundial. Sin embargo, la falta de nuevos proyectos y la caída en la calidad de sus minerales han empezado a ralentizar su crecimiento. Perú, por su parte, produce alrededor de 2,6 millones de toneladas, pero también enfrenta desafíos estructurales como conflictos sociales, demoras regulatorias y cuellos de botella logísticos. En contraste, Argentina todavía no produce cobre a escala significativa, pero cuenta con una cartera robusta de proyectos “greenfield” —es decir, nuevos desarrollos desde cero—, que podrían cambiar el equilibrio regional en los próximos 10 años.

El renovado interés global no se limita a buenas intenciones. Multinacionales como First Quantum Minerals, Glencore, McEwen Copper y Lundin Mining ya están comprometidas con inversiones en los principales proyectos. Tristan Pascall, CEO de First Quantum, señaló en una entrevista reciente con Financial Times que “Argentina es la próxima gran frontera del cobre”, y añadió que “el país tiene el potencial para sostener un crecimiento minero excitante durante varias décadas”. Por su parte, Michael Meding, vicepresidente de McEwen Copper, empresa que lidera el desarrollo de Los Azules, afirmó que “el cobre será el nuevo petróleo en el siglo XXI, y Argentina está en condiciones de ser protagonista”.

Sin embargo, no todo es viento de cola. Para que este potencial se materialice, el país debe garantizar estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y mejora en su infraestructura de transporte y energía. La minería, por su escala, requiere caminos, puertos, líneas eléctricas, agua y mano de obra calificada, elementos que en varias regiones cordilleranas del norte y Cuyo aún presentan grandes déficits. Además, si bien el RIGI ha despertado entusiasmo, también ha generado resistencia política y sindical en sectores que temen una desregulación excesiva o impactos ambientales mal gestionados.